EL PUNTO SOBRE LA I

Arturo Damm

“Los políticos escriben leyes para hacer lo que más les conviene y sentir que viven en la legalidad.”

José Manuel Núñez

Hay que tener clara la distinción entre justicia y legalidad. La justicia consiste en el respeto a los derechos de los demás. La legalidad en el respeto a las leyes. Podría creerse que son lo mismo, pero no: una es la justicia y otras las leyes, debiendo haber, ¡como debe ser!, leyes justas, pudiendo haber, ¡como desafortunadamente sucede!, leyes injustas, que hacen legal lo injusto, legalizando la injusticia, sobre todo la cometida por los políticos, tal y como lo señala Núñez.

Tal vez no haya mayor amenaza para la vida, la libertad y la propiedad de las personas, los tres derechos naturales de los cuales se derivan todos los demás, que el sustituir lo justo por lo legal, la justicia por la ley. Si lo legal tiene como fin el respeto de lo justo no hay problema, pero si lo legal pretende sustituir a lo justo el problema es mayúsculo, ya que sucede lo que apunta Federico Bastiat al inicio de su texto de 1850 La Ley: “La ley, ¡pervertida! La ley, y tras ella todas las fuerzas colectivas de la nación, no ha sido solamente apartada de su finalidad, sino aplicada para contrariar su objetivo lógico. ¡La ley, convertida en instrumento de todos los apetitos inmoderados, en lugar de servir como freno! ¡La ley, realizando ella misma la iniquidad de cuyo castigo estaba encargada! Ciertamente se trata de un hecho grave, como pocos existen y sobre el cual debe serme permitido llamar la atención de mis conciudadanos”, tal y como lo hace Núñez.

¿Cuál es el objetivo lógico de la ley? Hacer valer la justicia, es decir, hacer valer los derechos de los ciudadanos, prohibiendo cualquier violación de los mismos, esto es, prohibiendo cualquier conducta injusta, comenzando por la de los políticos, siguiendo por la de los ciudadanos. Lo que importa es la justicia, no la ley, y la ley se justifica si tiene como fin la justicia. Así debe ser. No siempre lo es.

¿Cuántas leyes no se han escrito, no para prohibir la violación de los derechos de los ciudadanos, no para hacer valer la justicia, sino para legalizar conductas injustas de los políticos, quienes al amparo de tales leyes pueden argumentar que su conducta es legal, ¡conforme a la ley!, algo que les conviene, y que les resulta posible en estos tiempos en los cuales todavía campea el positivismo jurídico, que afirma que es justo lo que la ley, y por lo tanto el legislador, dice que es justo, asimilando justicia con legalidad? Esta, la equiparación de justicia con legalidad, es una de las mayores trampas en la que podemos caer los ciudadanos, una de las amenazas más graves para nuestra vida, libertad y propiedad. Si equiparamos justicia con legalidad le estamos dando al legislador la facultad para decidir qué es justo y qué no, siendo que lo justo no depende de la voluntad del legislador, siendo algo inherente a la conducta humana. (Otro asunto es que el juez, cuya tarea es distinta a la del legislador, deba encontrar – porque eso, encontrar, es lo que debe hacer el juez – lo justo o injusto en determinada conducta).

Lo que señala Núñez (que los políticos escriben leyes para hacer lo que más les conviene y sentir que viven en la legalidad, al margen – esto ya lo digo yo –  de consideración alguna relacionada con la justicia), es una de las mayores amenazas que enfrentamos los ciudadanos, muchos de los cuales consideran que basta con que algo sea legal para que se tenga que obedecer, o porque consideran que legalidad es sinónimo de justicia, o porque creen que lo legal (la ley) es más importante que lo justo (la justicia), todo lo cual es un error que nos está costando muy caro, y no solo pecuniariamente, sino en términos de respeto a la libertad individual y a la propiedad privada.

Por ello, pongamos el punto sobre la i.